El patronato de la Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ) que preside Margarita Jenkins, aseguró que el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito en Puebla, ha ordenado devolver el campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) a las autoridades que estaban a cargo antes de la toma de las instalaciones del 29 de junio.
De acuerdo a un comunicado emitido por el órgano que fue destituido por el gobierno de Puebla, la resolución del Poder Judicial de la Federación desconoció la legitimidad del patronato nombrado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada de Puebla (JCIAP), que a su vez designó a Armando Ríos Piter como rector de la UDLAP.
“Esto significa que la suspensión de amparo que obliga a la devolución de las instalaciones, invadidas desde el pasado 29 de junio, es irreversible y otorga la razón al equipo jurídico de la Fundación, de Margarita Jenkins, que ha obtenido una resolución incontrovertible para que se acate el mandato dictado por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, que obliga a devolver el campus en Cholula”, señala.
Agrega que la resolución del Tribunal Colegiado deja en claro la falta de legitimidad de quienes se ostentan como las “nuevas autoridades” de la UDLAP y “la indebida orden de integración de un patronato distinto al único y legalmente constituido, que a través de diversas artimañas intentaba apoderarse del patrimonio privado de la Universidad”.
El comunicado asegura que el efecto de esta decisión de los magistrados federales suspende y anula las medidas que tomó el juez 24 de lo civil de la Ciudad de México que ordenó instalar al patronato nombrado por la JCIAP.
Además, acusa que en “abierto desacato”, este juez civil se ha negado a cumplir con la orden del juzgado federal que declaró en julio la violación a los derechos humanos de la familia Jenkins de Landa y de la FUDLAP.
El patronato presidido por Margarita Jenkins afirma que el juzgado se ha pronunciado por recuperar la normalidad de la vida de 10 mil estudiantes afectados por la intervención del gobierno en esa institución que, advierte, fue patrocinada por el gobernador Miguel Barbosa y un grupo de litigantes “sin escrúpulos”.
Fuente: Proceso
